El interinato del fiscal Gálvez en la Fiscalía de la Nación ha marcado un punto de inflexión en el rumbo de esta institución tras la suspensión de la fiscal Espinoza. Este periodo, inicialmente establecido en seis meses, está condicionado por el litigio en curso entre la señora Espinoza y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) derivado del caso Benavides.

Las posibles resoluciones de este caso se reducen a tres escenarios: el retorno de la fiscal Espinoza a su cargo con protección judicial inmediata, su regreso posterior tras la designación de una nueva Junta de Fiscales Supremos, o su destitución e inhabilitación en caso de no lograr respaldo judicial frente a la JNJ y el Congreso. El desenlace de este conflicto determinará el desarrollo futuro de la historia institucional.

El ambiente en la Junta de Fiscales Supremos se ha visto afectado por la pérdida de mayorías sólidas, evidenciando el desacuerdo entre sus miembros en torno al caso Benavides. La propuesta de la fiscal Espinoza de asignar un asiento en el JNE a la fiscal Benavides no logró consenso, dejando al descubierto las divisiones internas que finalmente llevaron al nombramiento del fiscal Gálvez como interino.

La posible reinstalación de los fiscales supremos destituidos, Arce y Rodríguez, podría modificar la conformación de la Junta, generando una mayoría predecible que podría influir en el rumbo de las fiscalías ante un eventual retorno de la señora Espinoza. En este contexto, el fiscal Gálvez ha demostrado su determinación de ganar terreno en la disputa por el control de las fiscalías, buscando alianzas estratégicas con el Congreso para impulsar reformas constitucionales que limiten la injerencia del Judicial en asuntos legislativos.

Además, Gálvez se comprometió ante el Congreso a evitar conflictos entre las instituciones, revisar expedientes penales de congresistas y garantizar un porcentaje fijo del presupuesto estatal para la fiscalía. Esta nueva dinámica plantea una posible convergencia entre el Congreso, el gobierno y las fiscalías, en un intento por desviar la atención de casos de alto perfil hacia una agenda que fortalezca la imagen de la policía en la lucha contra el crimen.

En conclusión, el interinato de Gálvez no solo representa una transición, sino que también sugiere un cambio significativo en la relación entre las instituciones clave del sistema judicial peruano, marcando un punto de inflexión en la historia de la Fiscalía de la Nación.