La situación en Venezuela se torna cada vez más compleja con la firma del decreto de “conmoción exterior” por parte de Nicolás Maduro, el cual amplía los poderes del Ejecutivo para controlar militarmente diversos aspectos de la vida cotidiana de los venezolanos. Aunque se presenta como una medida para proteger la soberanía del país, en realidad consolida un patrón de gobernanza centralizada y militarizada, exacerbando las restricciones a los derechos civiles, económicos y sociales que ya existen en la nación.

Este decreto, aparentemente en respuesta a la presencia de buques militares estadounidenses en aguas venezolanas, tiene un impacto internacional limitado, según analistas como Jesús Alberto Torrealba. Más que una respuesta real a una amenaza externa, se percibe como una estrategia propagandística para mostrar firmeza ante la opinión pública, tanto nacional como internacional. Por otro lado, este movimiento refuerza la narrativa del gobierno sobre amenazas externas, lo que le permite justificar medidas extraordinarias y perpetuar su control sobre la población.

La militarización de servicios públicos y empresas estratégicas se convierte en una herramienta de legitimación interna que refuerza el control político del gobierno, sin ofrecer mejoras reales en la gobernanza o la economía del país. Esta tendencia, que se ha evidenciado a lo largo de los años con decretos que eluden al parlamento opositor y refuerzan la presencia militar en áreas clave, solo parece profundizarse con la implementación de este nuevo decreto.

La restricción de derechos fundamentales como la libertad de reunión, protesta y sindical, se ve agravada por este decreto, que formaliza un control militarizado sobre la población. La presión política sobre opositores y líderes comunitarios se acentuará, consolidando el control del Ejecutivo sobre sindicatos y partidos políticos. Además, la crisis económica que azota al país se vería agravada con la aplicación de un estado de excepción, lo que podría implicar requisas de bienes y provisiones sin procedimientos previos, aumentando la vulnerabilidad y la desigualdad social.

En resumen, la militarización de la vida cotidiana de los venezolanos a través de este decreto no solo refleja una estrategia de control político interno basada en la amenaza externa, sino que también profundiza la crisis social y económica que afecta a la población desde hace tiempo. La falta de mejoras reales en la gobernanza y la economía, sumada a la restricción de derechos fundamentales, configuran un panorama desafiante para los ciudadanos del país sudamericano.