La suspensión de la fiscal Espinoza y las implicaciones en el sistema judicial peruano
El interinato del fiscal Gálvez en la Fiscalía de la Nación tras la suspensión de la fiscal Espinoza ha generado un cambio significativo en el panorama judicial peruano, con posibles consecuencias a largo plazo.
El interinato del fiscal Gálvez en la Fiscalía de la Nación tras la suspensión de la fiscal Espinoza ha marcado un nuevo rumbo en el sistema judicial peruano. Con un periodo inicialmente previsto de seis meses, la permanencia de Gálvez en el cargo está condicionada por el litigio entre Espinoza y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) derivado del caso Benavides.
Las posibles resoluciones de este caso podrían llevar a la reinstauración de Espinoza en su cargo, su retorno en un futuro distante, o incluso a su destitución e inhabilitación. Este desenlace determinará la dirección que tomará esta historia judicial en curso.
La Junta de Fiscales Supremos ha experimentado divisiones internas, especialmente en torno al destino de la fiscal Benavides, restituida tras la validación judicial de la JNJ. La propuesta de Espinoza de ubicar a Benavides en un nuevo asiento en el JNE no logró obtener la mayoría. Este desacuerdo ha dejado en evidencia las fisuras internas de la Junta y ha allanado el camino para la designación de Gálvez como fiscal interino.
Además, la conformación de la Junta de Fiscales Supremos podría cambiar pronto, ya que los fiscales supremos destituidos Arce y Rodríguez están en proceso de litigio para recuperar sus puestos. Su regreso potencial podría alterar el equilibrio de poder en la Junta, con la posibilidad de formar una mayoría con Gálvez y Benavides.
Gálvez, por su parte, ha mostrado una determinación en su interinato al buscar apoyo en el Congreso. Ha propuesto reformas constitucionales para limitar el papel del Judicial en la aplicación de tratados de derechos humanos y retirar su posición predominante en el sistema judicial. También ha abogado por otorgar un papel central a las rondas campesinas en la justicia comunal.
Además, Gálvez se ha comprometido ante el Congreso a evitar confrontaciones entre las fiscalías, el gobierno y el Congreso, y ha tomado medidas drásticas como la remoción de fiscales clave vinculados a casos sensibles. Su solicitud al Congreso de garantizar el 4% del presupuesto nacional para la fiscalía refleja su búsqueda de apoyo financiero y respaldo institucional.
En definitiva, este interinato no solo representa una transición, sino que sugiere una clausura en el curso de la justicia peruana, con cambios sustanciales en los equilibrios de poder y las agendas judiciales.
El interinato de Gálvez no solo representa una transición en la Fiscalía de la Nación, sino que también sugiere cambios sustanciales en los equilibrios de poder y las agendas judiciales en Perú.
