La decisión de la agencia estatal genera debate en el sector de hidrocarburos en Perú.
La designación de Petro-Perú como garante corporativo de Altamesa en el lote 192 en Loreto ha generado controversia en Perú. A pesar de recomendaciones legales en contra, la agencia estatal ha optado por respaldar esta decisión, lo que ha levantado cuestionamientos sobre la gestión de contratos y responsabilidades corporativas en el sector de hidrocarburos.
La firma canadiense encargada del lote 192 en Loreto, Altamesa, ha generado controversia al declararse en insolvencia y dejar pendiente una fianza bancaria por US$26,3 millones. A pesar de un informe legal que aconseja lo contrario, la agencia estatal ha designado a Petro-Perú como garante corporativo de Altamesa, eximiéndola de penalidades por incumplimiento contractual.
Esta decisión ha generado cuestionamientos, ya que Petro-Perú, en su condición de contratista, es considerado un deudor solidariamente responsable junto con Altamesa Perú por los incumplimientos del contrato de licencia. Según el informe legal al que se tuvo acceso, Petro-Perú no puede actuar como garante corporativo de sí mismo, sobre todo después de incumplir sus obligaciones.
A pesar de las recomendaciones del informe legal, la agencia estatal ha optado por seguir el consejo de un segundo estudio legal, elaborado por Legal Partners, que respalda la designación de Petro-Perú como garante corporativo de Altamesa. Esta decisión permite que la petrolera canadiense se retire del país sin enfrentar penalizaciones, mientras Petro-Perú continúa administrando el lote 192 en busca de un nuevo socio estratégico.
La empresa peruana Upland Oil & Gas parece ser la candidata principal para asociarse con Petro-Perú en la gestión del lote 192. A pesar de la controversia, Perú-Petro ha defendido su decisión, indicando que se ha realizado en estricto cumplimiento de las normativas vigentes y que la garantía corporativa de Altamesa sigue vigente.
Expertos consultados señalan que Altamesa ha abandonado el país sin autorización de Perú-Petro, cerrando sus oficinas y despidiendo a su personal. La transferencia de pasivos y obligaciones a Petro-Perú aún debe ser aprobada mediante un Decreto Supremo por el Poder Ejecutivo, sin embargo, Altamesa ya ha tomado medidas unilaterales.
La situación continúa generando debate y preocupación en el sector, especialmente en lo referente a la gestión de contratos y responsabilidades corporativas en el sector de hidrocarburos en Perú.
La situación en torno a la designación de Petro-Perú como garante corporativo de Altamesa sigue generando preocupación en el sector. A pesar de las defensas de Perú-Petro, la controversia persiste y se espera que se tomen medidas para clarificar la situación y garantizar la transparencia en futuras decisiones similares.
