El gobierno de Luis Abinader y las acciones migratorias que están generando controversia en el país.
Las recientes medidas implementadas por el gobierno de República Dominicana han puesto en el centro de la atención la situación de los migrantes haitianos en el país. Las deportaciones de mujeres embarazadas y recién paridas, acompañadas de menores, han generado críticas y preocupación por parte de organizaciones de derechos humanos.
En República Dominicana, la situación de los migrantes haitianos ha vuelto a ser motivo de preocupación debido a las recientes medidas implementadas por el gobierno de Luis Abinader. Desde el lunes, agentes migratorios han estado solicitando documentos de identificación a pacientes en 33 centros de salud públicos del país, como parte de una serie de acciones contra la inmigración irregular proveniente de Haití.
Estas medidas han llevado a la deportación de 87 mujeres embarazadas o recién paridas, acompañadas de 48 menores, según informó la Dirección General de Migración. Estas acciones han generado controversia y críticas, especialmente por parte de organizaciones que defienden los derechos humanos.
La crisis política y social en Haití, agravada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, ha provocado un aumento en el desplazamiento poblacional hacia República Dominicana, donde residen más de medio millón de haitianos. El gobierno dominicano, bajo la administración de Abinader, ha endurecido su política migratoria, aumentando las redadas y las deportaciones.
Además, se han anunciado nuevas disposiciones que incluyen el envío de más soldados a la frontera, la construcción de más segmentos del muro divisorio entre ambos países y la «dominicanización del empleo» en sectores como las zonas francas y el turismo. Estas acciones han generado críticas tanto a nivel nacional como internacional, con la preocupación de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Organización Internacional para las Migraciones ha observado un aumento de personas vulnerables entre los deportados desde República Dominicana, incluyendo mujeres embarazadas y lactantes, recién nacidos y niños. Esta situación ha generado gran preocupación por el bienestar de estos migrantes en un contexto de violencia e inestabilidad en Haití.
A pesar de las críticas y los llamados a cesar las repatriaciones, el gobierno dominicano ha continuado con su política migratoria, expandiendo las redadas y detenciones a lo largo de todo el territorio nacional. La situación ha sido descrita por especialistas como una situación de crueldad hacia los migrantes haitianos que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
La política migratoria del gobierno dominicano, que incluye redadas, deportaciones y medidas como la «dominicanización del empleo», ha sido cuestionada a nivel nacional e internacional. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes haitianos, especialmente en un contexto de crisis en Haití, ha generado preocupación por su bienestar y derechos.
